¿Cuanto nos cuesta la venta de falsificaciones?

La venta de falsificaciones nos cuesta dinero

¿Cuánto nos cuesta la venta de falsificaciones? La oficina de propiedad intelectual de la Unión europea (EUIPO) le ha puesto precio: 6.676 Millones de euros y 53.467 empleos anuales.

Campaña Ministerio de Industria

Con esos datos, el Ministerio de industria, Turismo y comercio presentó hace unos días, una acertada campaña para la sensibilización de los ciudadanos frente al comercio de productos falsificados.

Tras varios años de confusión, parece que la protección de la propiedad industrial e intelectual es una prioridad para el Gobierno. Al menos, así lo parece para la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto,

Campañas de sensibilización

Coincide con otra campaña del Ayuntamiento de Madrid en el mismo sentido y la propuesta del Ayuntamiento de Valencia para multar a los compradores de falsificaciones.

Son campañas oportunas por las fechas ya que un porcentaje muy alto de las ventas de los comercios se concentran en estos días y los manteros quieren una parte del negocio.

Las campañas desarrollan una de las estrategias “anti piratería” más descuidadas por las instituciones españolas: la sensibilización de los ciudadanos.

El lema de la campaña del Ministerio es “Diciendo no a las falsificaciones, ganamos todos”. La ministra deja clara la intención: “sensibilizar a la opinión pública acerca de las consecuencias negativas que tiene este fenómeno sobre la economía, el empleo y la innovación, así como el riesgo para la salud y la seguridad del usuario”.  “Cambiar actitudes y comportamientos respecto a la adquisición de productos falsificados”.

No ser cómplice de las falsificaciones

Por su parte, el lema del Ayuntamiento madrileño es: “¿Qué se esconde tras una falsificación? No seas cómplice, solo ganan las mafias”.

Campaña del Ayuntamiento de Madrid

Estamos acostumbrados a leer que España se situaba a la cabeza de la piratería mundial y existían algunas acciones pero casi siempre con opiniones contradictorias: Alcaldes o alcaldesas que justificaban la venta ilegal, Secretarios de estado que añadían matices a las iniciativas de otros departamentos contra la piratería, hemos llegado a ver como un Presidente de Gobierno retiraba una ley para defender la propiedad intelectual en Internet (Rodríguez Zapatero en 2007 y en 2011) o como levantaba el pulgar en señal de aprobación a una fila de manteros (Mariano Rajoy en campaña en 2011).

Manuela Carmena se borró.

La Nueva España. R. Valle

Hace apenas un año, otra campaña del ayuntamiento de Madrid con el lema “Si compras falsificaciones, la aventura siempre acaba mal”, provocó un fuerte rechazo por parte del Sindicato de Manteros de Madrid. Sí, aunque parezca increíble, una actividad ilegal desde todos los puntos de vista cuenta con un sindicato al que algunos equipos de gobierno dotaron de carta de naturaleza. «El Ayuntamiento de Madrid criminaliza a los migrantes», decía el portavoz del sindicato en declaraciones a El País.

Ante la protesta, el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Manuela Carmena retiró la campaña y la propia alcaldesa se borró del apoyo a la misma.

Este año, las campañas cuentan con el apoyo de la opinión pública: así lo manifiesta Fernando Moner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), citando datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO): «Ya era hora que el Gobierno tomara cartas en el asunto sobre esta cuestión.

Mariano Rajoy ante una fila de manteros

Los datos señalan que las falsificaciones le cuestan a España 6.766 millones en ventas y 53.467 empleos anuales y que, comprando estos productos, el consumidor ayuda a enriquecer a las mafias que controlan esta actividad ilegal”.

Recomendaciones de la OMPI

La sensibilización del ciudadano es esencial para que una estrategia tenga éxito. Así lo recomienda la organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI): “El respeto por la propiedad intelectual no solo entraña su observancia, también supone educar, informar y cambiar actitudes. Entre las actividades pertinentes que pueden llevarse a cabo con ese fin se encuentran las campañas de sensibilización, la educación pública, la elaboración de materiales publicitarios, etcétera”.

Uno de los ejemplos más claros lo vivimos en España con las sanciones de pérdida de puntos del carné de conducir. Antes de imponerse, se difundieron varias campañas publicitarias mostrando las trágicas consecuencias de las infracciones de tráfico. Si se hubieran impuesto sanciones sin la información que dichas campañas generaron, la medida habría fracasado por el rechazo de la sociedad y con él de quienes aplican las leyes.

Rechazo a la Ley Sinde

Esto ocurrió con la defensa de la propiedad intelectual e industrial: se adoptaron medidas pero sin la previa explicación de por qué eran necesarias y la legislación se encontró con un fuerte rechazo de la sociedad – recordemos las protestas frente a la llamada “Ley Sinde”– y con él de quienes debían aplicar las leyes: los juzgados dictaban resoluciones contradictorias ante casos muy similares y los responsables institucionales se ponían de perfil, dejando a quienes debían actuar (Fuerzas de seguridad, policías locales) sin el respaldo adecuado.

Campaña del Ministerio de Industria

La hemeroteca está llena de mensajes contradictorios por parte de las instituciones públicas españolas de forma que el consumidor realmente no alcanzaba a entender si estaba ante una actividad ilegal o, realizaba un acto de caridad.

Falta de compromiso

12 de diciembre de 2011: EFE publicaba: “El presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado hoy que fue él quien, el pasado 2 de diciembre, decidió que no se aprobara el Reglamento de la denominada Ley Sinde ante la opinión de algunos ministros y el debate que se produjo en la red antes del Consejo de Ministros”. Poco antes, el Ministerio de justicia había modificado el art. 270 del Código penal para eliminar del mismo la venta ambulante de productos falsificados. Lo hizo tan mal que aunque sólo fuera por técnica jurídica, en 2015 hubo que volver a reformarlo.

Mientras, en los países de nuestro entorno, dirigentes como Sarkozy, Merkel, Obama y hasta la mismísima Reina de Inglaterra abogaban a favor de la protección de la propiedad intelectual.

Policía desprotegida

21 de octubre de 2015: El Mundo publicaba: “El aumento de la tensión entre la Guardia Urbana y los vendedores del top manta se saldó con 31 agentes lesionados, todos ellos de levedad. Se trata de las cifras oficiales que maneja el Ayuntamiento de Barcelona. Suponen una radiografía de algunas de las consecuencias que causó el incremento de la venta ambulante durante los meses de julio, agosto y hasta inicios de septiembre.

Ése es, exactamente, el espacio de tiempo en el que se vivió un crecimiento de mantas extendidas en los principales ejes comerciales de la ciudad. Una situación que se agravó por la llegada masiva de turistas, la disminución en la presión sobre los manteros tras la victoria electoral de Barcelona en Comú y las tensiones internas entre el equipo de la alcaldesa, Ada Colau, y los agentes de la policía local”.

Contradicciones ministeriales

Esta fue la tónica general durante los siguientes años: Europa alertaba: «la falsificación está aumentando» (Susan Wilson, agregada para propiedad intelectual de Estados Unidos ante la Unión Europea). En España se evidenciaban las contradicciones entre distintos ministerios.

En Italia, multan a los compradores

¿Los manteros no son un problema?

Las dos principales ciudades españolas eran un escaparate de la existencia del problema:

15 de agosto de 2018: El Mundo: Para la alcaldesa, Manuela Carmena, los manteros «no son un problema», a pesar de que la oposición afirma lo contrario.

27 de agosto de 2018: El portavoz del sindicato de la policía municipal de Madrid, Alberto Cid, se quejaba ante el medio de su colectivo, CPPM: «Cada día hay más permisividad y más apoyo del Ayuntamiento a los manteros».

Ada Colau con la manta

17 de mayo de 2019: Según El Español, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ordenó no ayudar a la Policía Portuaria a dispersar el macro-mercadillo de manteros que ocupa el paseo Joan de Borbó. El Ayuntamiento de Barcelona está negando apoyo a esta fuerza de seguridad para intervenir, lo que impide levantar el bazar de objetos falsificados.

Podría seguir sumando retazos de la hemeroteca que muestran el escaso compromiso de algunas instituciones públicas en defensa de la propiedad intelectual e industrial. Sean bienvenidas las campañas que se acaban de impulsar. Defendiendo la igualdad de oportunidades , es preciso proteger al comerciante que paga impuestos, seguros sociales y genera riqueza y empleo con su esfuerzo.

Vender falsificaciones es delito

Aprovecharse del esfuerzo ajeno sin riesgo alguno sólo crea parásitos de una sociedad a la que más que nunca le va muy bien la creatividad y el trabajo.

El libre comercio no puede estar condicionado por la competencia desleal de una manta. Nadie debería tener que ganarse la vida robando el esfuerzo de otros. Menos aún, alimentando a unas mafias que nos perjudican a todos, empezando por los propios manteros. Su difícil situación, sus necesidades, deben ser resueltas por otras vías. Quizá con medidas en sus países de origen de forma que no se vean obligados a huir jugándose la vida en una patera.

“Odia el delito y compadece al delincuente” decía Concepción Arenal, pionera del feminismo español. La frase se convirtió en máxima jurídica. Implica no poder justificar cualquier atentado contra la propiedad por muy lamentable que sea la situación de quien delinque. La venta de falsificaciones es un delito en España y en todos los países de nuestro entorno.

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Multa para una página pirata. Por fin, ¿el gato se come al ratón?

La buena noticia demuestra que la reforma de la conocida como “Ley Sinde” incluyendo sanciones era necesaria. Ahora el gato se come al ratón.

página de exvagos
Página Exvagos

El ministro de cultura y deporte en funciones ha comunicado la multa de 400.000 Euros a las páginas de descarga: www.exvagos.com, www.exvagos1.com y www.exvagos2.com por una infracción muy grave de la ley de propiedad intelectual.

Además, ordena la suspensión inmediata de su actividad. Si no cierran voluntariamente, se requerirá a los proveedores de acceso y alojamiento, a los motores de búsqueda y a los servicios de publicidad y pago para que suspendan los servicios prestados al infractor.

Multa a Exvagos en aplicación de la Ley de Propiedad intelectual

Todo ello, de acuerdo con el artículo 195.6 de la Ley de propiedad intelectual.

Termina por el momento la larga lucha entre titulares de derechos y las páginas citadas que comenzó en julio de 2013 con la primera denuncia contra A. G., titular de “ExVagos”.

Desde entonces, la Secretaría de estado de cultura ha abierto hasta tres expedientes requiriendo al titular para que retirara los contenidos que infringían los derechos de propiedad intelectual:  194.000 libros, 180.0000 películas, 92.000 archivos musicales y 30.000 videojuegos. Todos los requerimientos fueron ignorados por los dueños de las páginas.

Divergencia de opiniones sobre la multa a Exvagos

Como es habitual, la noticia ha recibido el apoyo de los titulares a través de la Coalición y de las asociaciones FEDICINE, AEVI, PROMUSICAE o CEDRO que fueron sucesivos denunciantes de las páginas.

sanción disuasoria

Del mismo modo, ha levantado las críticas de quienes siguen reclamando poder acceder a contenidos de forma gratuita sin caer en la cuenta de que ellos y sus datos personales son el precio:

La web evitaba la identificación de los contenidos y exigía registrase para poder acceder. Cualquier usuario podía ser excluido si ponía en riesgo de detección de la página por no seguir los estrictos controles establecidos.

Excesivas garantías para sancionar a una página pirata.

Por supuesto, las críticas ignoran el amplio abanico de garantías que el proceso ofrece:

Antes de presentar una denuncia, el titular de derechos debe ponerse en contacto con la web infractora que puede retirar el contenido, terminando ahí todo. Si no lo hace, puede oponerse al procedimiento presentando pruebas a su favor. La Comisión decide entonces sobre la ilicitud de los contenidos dando una nueva oportunidad para retirarlos. En caso de que no se retiren, la Comisión valora las pruebas y dicta una propuesta de resolución.

De nuevo, el denunciado puede aceptar la propuesta y retirar voluntariamente los contenidos. Si no lo hace, la Comisión dicta la resolución definitiva que facilita una nueva oportunidad para la retirada. Sólo ante el incumplimiento de la resolución, la Comisión solicita la colaboración a los prestadores de servicios para ejecutar las medidas.

Las denuncias presentadas son contra páginas “piratas” en las que la mayor parte de los contenidos ofrecidos eran infractores y estaban alojadas fuera de nuestro país por lo que la resolución de la Comisión ha sido la de bloquear el acceso.

El gato se come al ratón. Exvagos reincidente.

En el caso de ExVagos, ha habido tres resoluciones incumplidas, razón por la que ahora se produce la multa que se incluyó en la ley con la reforma de 2015. Las sanciones suponían una respuesta al continuo juego del ratón y el gato practicado por muchas páginas de descarga ilegales que retiraban el contenido temporalmente para volverlo a subir.

El gato se come al raton
¿El gato se come al ratón?

Dada la cantidad de garantías expuestas, la burla al sistema era constante. Es evidente observando los plazos: 7 años para obtener un cierre con una sanción económica que veremos si resulta suficientemente disuasoria.

Resoluciones contra la piratería en Italia y Portugal.

Y no es que el sistema no fuera eficaz; en Italia, la AGCOM (Autoridad para la garantía en las comunicaciones), una comisión inspirada en la nuestra, ha conseguido ya el cierre de cientos de páginas con un procedimiento que apenas dura tres meses y que puede quedarse en 12 días para los casos de urgencia.

Los datos de Portugal son aún más espectaculares: en 3 años han cerrado más de 2.000 páginas piratas fruto de un acuerdo entre prestadores de servicios y titulares de derechos de autor supervisado por las autoridades del país vecino.

Millones de euros en pérdidas para la industria cultural.

Quizá, por ello, las cifras de piratería en nuestro país siguen siendo dramáticas. De acuerdo con el observatorio de la Coalición, en 2018 se descargaron 4.348 millones de contenidos ilícitos por valor de 23.918 millones de euros, causando un perjuicio para el sector de 2.188 millones. Hacienda perdió 638 millones de euros y se podrían haber creado 131.262 puestos de trabajo.

Aplaudo la decisión del Ministerio. Ojalá que pronto cambie la situación en beneficio de todos. La oferta legal de contenidos es lo suficientemente amplia y accesible como para que dejemos de alimentar a unos cuantos sinvergüenzas que sólo se aprovechan del esfuerzo ajeno.

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